En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho y siguiendo la línea estratégica de protección a la población civil, tropas de la Cuarta Brigada lograron ubicar tres talleres de fabricación de artefactos explosivos improvisados en una operación interinstitucional.
El hallazgo de este material explosivo, que presuntamente pertenecería al Grupo Armado Organizado residual, GAO-r, de las estructuras 18 y 36, se realizó en la vereda El Morro, del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel 'Atanasio Girardot', tras recibir información de la comunidad sobre la existencia de un lugar donde se producían y almacenaban explosivos, llegaron a la zona junto con autoridades judiciales. En la inspección se encontraron tres talleres clandestinos de fabricación de explosivos, operando bajo la fachada de un taller de carpintería.
Durante el desarrollo de la operación, las tropas en compañía de las autoridades judiciales localizaron 95 minas antipersonal en proceso de fabricación y 31 listas para ser instaladas, además de 554 resortes para activación de minas antipersonal, un equipo móvil acondicionado como detonador, tornillos utilizados como metralla, tres explosivos conocidos como sombreros chinos, una motocicleta, tres equipos de cómputo, un arma corta con sus componentes, material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares, metros de cordón detonante y otros elementos para la fabricación de explosivos.
Todo el material incautado fue puesto bajo custodia de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.
Cabe destacar que esta organización terrorista fabricaba explosivos destinados a ser lanzados desde drones, ya que entre el material incautado se encontró un prototipo de cohete similar a otros hallados en diferentes regiones del país.
Además, algunos de estos explosivos tienen el potencial de afectar seriamente la integridad física de personas e, incluso, causar daños masivos, con capacidad para impactar a un pelotón de 36 soldados. Este arsenal representa no solo una amenaza para la Fuerza Pública, sino también para la población civil, lo que constituye una clara violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario.
El Ejército Nacional continuará trabajando junto a todas las instituciones del Estado para brindar seguridad a los habitantes de esta próspera región del país.
Autor: prensa – Ejército Nacional
