Los criminales exigían el pago de un rescate de más de 28 millones de pesos. Con llamadas y mensajes amenazaban con incinerar el vehículo con su conductor.
Este sujeto era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro, terrorismo y porte ilegal de armas, entre otros; sería el responsable de la instal
El material incautado era utilizado por la estructura criminal para generar el desplazamiento forzado de las comunidades y amenazar a los líderes sociales de la región.
