En desarrollo de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se logró la neutralización en la vereda La Unión del municipio de Tarazá, Antioquia, de Emiliano Alcides Osorio Macea, alias ‘Caín’ o ‘Pilatos, cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Caparros.
Este sujeto era cabecilla de esta organización desde al año 2016, después de que esta estructura criminal se separara del GAO Clan del Golfo. Era requerido mediante orden de captura por las autoridades judiciales por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir agravado, homicidios, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, desplazamiento forzado y extracción ilícita de minerales en el bajo Cauca antioqueño.
Alias ‘Cain’ o ‘Pilatos’ estaba sindicado por el asesinato de líderes sociales, también era el encargado del control de cultivos de hojas de coca y extorsiones en el bajo Cauca y sur de Córdoba. Contaba con un amplio prontuario delictivo de más de 16 años, siendo integrante del bloque mineros de las autodenominadas autodefensas de Córdoba.
En el 2006 se sumó al proceso de desmovilización e hizo parte de la subestructura ‘Virgilio Peralta Arenas’ del GAO Clan del Golfo, posteriormente tomó la decisión de desligarse del mando y control de esta estructura para tomar la dirección del GAO Caparros.
Este individuo era el encargado de liderar la confrontación contra el Clan del Golfo en el bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, mediante alianzas criminales con el Eln y las estructuras 18 y 36 del Grupo Armado Organizado residual. Era el responsable del cobro de extorsiones a comerciantes y empresas de transporte de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia en Antioquia y el desplazamiento forzado de los habitantes de esta región.
Con la neutralización de este cabecilla, se contribuye al esclarecimiento de homicidios colectivos, así como las acciones criminales de este Grupo Armado Organizado que financia su accionar delictivo con el narcotráfico a través de los corredores ilegales, para la comercialización de estupefacientes.
De esta forma, las Fuerzas Militares trabajan de manera conjunta y coordinada adelantando operaciones contundentes contra estas organizaciones al margen de la Ley, responsables de afectaciones contra la población civil y la Fuerza Pública, con flagrantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
