Con el objetivo de consolidar a las comunidades y las familias como entornos protectores que prevengan riesgos como el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desarrollará en los próximos meses una estrategia en 104 municipios de 21 departamentos, donde se registran factores de violencia generalizada, cultivos ilícitos, minería ilegal y corredores de narcotráfico y contrabando.
Al realizar el balance de la atención brindada por el ICBF a los menores de edad desvinculados de grupos armados al margen de la ley, Juliana Pungiluppi sostuvo que desde 1999 cuando inició el programa al 31 de enero de este año, se han atendido 6.798 niños, niñas y adolescentes, 233 de los cuales se encuentran actualmente bajo Protección.
La intervención del ICBF en este programa es integral e incluye asegurar las condiciones necesarias para evitar la recaptación; el proceso psicoterapéutico para la superación del trauma; la reconstrucción de la red vincular de apoyo que le permitirá a la niña, niño o adolescente desvinculado tener una reintegración sostenible en un medio ajeno a la guerra; el retorno a la vida escolar, el acceso a los servicios de salud y el trabajo con la comunidad receptora.
En 2019 ingresaron al programa especializado de desvinculados 180 menores de edad, mientras que en 2019 la cifra alcanzó los 196 niños, niñas y adolescentes. Durante el primer mes de 2020 ya ingresaron 11 menores de edad.
Los grupos armados al margen de la ley que reclutaron a los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al programa desde 1999 son las Farc con 3.879, ELN con 1.278, las AUC con 1.054 y otros grupos armados organizados con 606 menores de edad. El 83% se ha desvinculado de forma voluntaria y el 17% ha sido recuperado por las Fuerzas Militares.
En el histórico del programa las diez regiones del país con las mayores cifras de reclutamiento, según lo manifestado por los niños, niñas y adolescentes desvinculados son: Antioquia con 802, Caquetá con 488, Meta 467, Cauca 453, Chocó 402, Nariño 388 y Tolima 316.
“Desde el ICBF estamos comprometidos con garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de quienes, siendo menores de edad, fueron víctimas de reclutamiento forzado. Por esto, y como lo hemos anunciado ante la Comisión de la Verdad, entregaremos la información pertinente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que adelante los procesos desde su competencia”, puntualizó Juliana Pungiluppi.
El ICBF hace parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), conformada por 22 entidades del Gobierno Nacional que desarrollan acciones tendientes a la prevención del reclutamiento. Esta Comisión es la instancia encargada de liderar la implementación de la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales organizados.
Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
