Más de nueve millones de personas han sido víctimas del conflicto interno del país.
El desplazamiento forzado con 8.036.014 de víctimas y el homicidio con 1.038.073, son los hechos que más han afectado a las víctimas del conflicto.
Un total de 359.981 miembros de la Fuerza Pública han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas - RUV.
El creciente aumento de hechos victimizantes en contra de integrantes de las FFMM, coincide con las actividades ilegales de los grupos armados organizados en los periodos de mayor victimización.
El Comando General de las Fuerzas Militares a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición, diseñó y realizó el "Plan de Profundización y continuidad orientado a los mecanismos de identificación de los miembros de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado en Colombia”, a partir del cual se logró el rastreo e identificación de los integrantes de la institución y sus familias desde una matriz transdisciplinar, con un estudio estadístico cualitativo, cuantitativo e inferencial que permitió el análisis desde una perspectiva jurídica, sociológica e histórica de cada una de las víctimas, así como la construcción de una estrategia general de prevención y protección de los militares víctimas del conflicto armado.
Dentro de los resultados se puede observar cómo la época de mayor victimización para los militares se produjo en los periodos 1997 al 2005 con 166.674 víctimas y en el periodo del 2006 al 2015 con 139.999 víctimas. Agrupando el 86,41% del total de víctimas registradas entre 1964 y 2019.
Muchas otras cifras ilustran la complejidad, profundidad y horror de la guerra en Colombia indicando que hay un total de 9.014.766 víctimas en el país, distribuidos por hechos victimizantes así: Desplazamiento forzado: 8.036.014, homicidio: 1.038.073, amenaza: 500.622, desaparición forzada: 180.747, pérdida de bienes muebles e inmuebles: 119.857. Atentados, terrorismo, combates, enfrentamientos, hostigamientos: 85.700, secuestro: 37.398, abandono o despojo de tierras: 22.275, lesiones personales: 15.917, mina antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado: 11.720 y tortura: 10.804, con un total de 359.981 miembros de la Fuerza Pública incluidos en el RUV.
El creciente aumento de hechos victimizantes en contra de integrantes de las Fuerzas Militares y sus familias, coincide con las actividades ilegales de los grupos armados organizados en estos periodos, en donde se destacan las economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando, o el aprovechamiento criminal de los recursos naturales que llevó que zonas geográficas ricas en biodiversidad se convirtieran en el blanco de las historias de violencia.
En Colombia el reconocimiento de los militares como víctimas se da a partir de la aprobación de la ley 975 de 2005, la ley de Justicia y paz, en ella se plasma que al igual que las demás víctimas, los miembros de la Fuerza Pública también debían saber la verdad y ser reparadas en caso de haber sido afectados por las acciones de organizaciones armadas al margen de la ley. Posteriormente, con la expedición de la Ley de víctimas 1448 de 2011 se fortalece su reconocimiento y reparación, de igual forma la Sentencia C161 de la corte Constitucional (7 de abril del 2016), que determinó que es constitucionalmente el tratamiento diferenciado sobre el derecho a la reparación de los miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado.
Lo anterior, continúa siendo controversial, encontrándonos con muchos contradictores dentro y fuera del país, poniendo en duda que las personas que conforman la Fuerza Pública deban ser reconocidas por la ley y por la comunidad como víctimas del conflicto armado en el cual vivimos, encontrándonos en fuertes debates mostrando que no existe un escenario tan deshumanizador como la guerra.
La Ley 1448 de 2011 y las medidas de atención, asistencia y reparación integral que involucra, se traduce en un medio de revictimización para los integrantes de la Fuerza Pública. Es por eso que la estrategia va orientada a evitar que se continúe revictimizando a los héroes de la patria que han sido víctimas del conflicto interno, es por tal razón que se da una mirada jurídica con un breve recuento del procedimiento y medidas de atención, asistencia y reparación integral contenidas en la citada ley, para entrar luego a determinar el marco jurídico nacional y las fuentes de derecho internacional de los derechos humanos y el DIH como criterios de orientación del reconocimiento de los miembros de la Fuerza Pública ante la Unidad para las Víctimas.
Estos argumentos son la base sobre la cual se perfilan diferentes situaciones fácticas y jurídicas propias de una nueva victimización de los miembros de la Fuerza Pública (adicional a la del conflicto interno), con las cuales concluye el presente artículo cuestionando lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 3. ° de la Ley 1448 de 2011.
De acuerdo con los artículos 3° y 156 de la Ley 1448 de 2011, así como con el Decreto 4800 de 2011, el procedimiento y medidas de atención a las víctimas del conflicto se condensa en las fases de la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral (RAARI), desarrollada a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Este último comprende el conjunto de entidades públicas estatales en la nación y el territorio, cuya función principal es la formulación y ejecución de planes encaminados a la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto interno en Colombia. Los lineamientos básicos de la ruta (RAARI) se compendian en el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Colombia, Presidencia de la República, 2012), adoptado a través del Decreto 1725 del 2012, que a su vez integra el Documento Conpes 3726 de 2012.
Por lo anterior se generan líneas de acción estratégica de prevención y protección de los miembros de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto armado, eliminando su revictimización partiendo de la dignidad humana como atributo del militar víctima, los componentes de legalidad y legitimidad del estado y las Fuerzas Militares en el posconflicto.
Los productos de este plan se entregan a la sociedad colombiana y a la comunidad académica como herramienta para la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la construcción de la memoria histórica, la visibilización y el reconocimiento de los militares víctimas y sus familias, todo con el firme propósito de que las historias de horror perpetradas por los grupos armados organizados no se vuelvan a repetir.
Fuente: Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET)
