Por considerarlo de interés público el Comando General de las Fuerzas Militares se permite informar:
1. El Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Defensa Nacional cuenta con la Política de Defensa y Seguridad “Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, respondiendo a las amenazas y desafíos mediante la conducción de operaciones militares para combatir los objetivos de alto valor “símbolos del mal” responsables de la estrategia criminal y las estructuras terroristas de los Grupos Armados Organizados.
2. Las operaciones militares son ejecutadas por personal altamente profesional y entrenado, equipo y material especializado, atendiendo criterios de legalidad y contribuyendo de modo efectivo a impedir las contingencias que atentan contra la institucionalidad democrática del país, conforme lo dispone la misión constitucional asignada a las Fuerzas Militares de Colombia en el artículo 217 superior.
3. Todas las operaciones militares están alineadas con los objetivos estratégicos a nivel nacional, objetivos estratégicos militares y objetivos operacionales y se realizan bajo el marco jurídico aplicable, siendo legítimas conforme al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho de la Guerra, observando con rigor las reglas y principios que lo regulan.
4. Dentro del marco de las reglas operacionales que rigen la doctrina militar y el ordenamiento jurídico internacional, las Fuerzas Militares dirigen operaciones contra objetivos legítimos de los grupos armados organizados (ELN, disidencias de las Farc, Caparros y Pelusos), quienes son los responsables del narcotráfico, secuestro, extorsión, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado de comunidades, reclutamiento forzado y daño al medio ambiente, mediante una estrategia criminal que busca desestabilizar el orden constitucional.
5. Todas las operaciones militares donde se presentan capturas, sometimientos a la justicia, recuperación de menores y muertes en desarrollo de las mismas siempre están acompañadas de Policía Judicial, esto con el fin de que realicen los actos urgentes; para ello, las Fuerzas Militares ponen a disposición de los entes de control, toda la información, documentos y material relacionado con las acciones militares, de acuerdo a lo establecido por la ley para que se adelanten las actuaciones investigativas de verificación correspondientes.
6. El Ministerio de Defensa no tiene dentro de sus funciones y competencias, determinar el sexo o edad biológica de muertos en desarrollo de operaciones militares. Dichas atribuciones le corresponden al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -conforme a sus funciones dispuestas en la Ley 938 de 2004; dicha información goza de reserva legal, de la cual las Fuerzas Militares no son destinatarias.
7. Las Fuerzas Militares forman parte de la estructura constitucional del Estado, y su misión coadyuva directamente al cumplimiento de los fines consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política; principalmente, en la tutela de bienes superiores para la nación como lo son defender la independencia nacional, la defensa de la soberanía, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; a su vez, actuando como colaboradoras y defensoras del Estado, protectoras de los ciudadanos y garantes de la democracia.
8. El reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra, que debe ser reprochado por todos los sectores de la sociedad, puesto que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los grupos armados organizados, son ellos los llamados a responder por esta conducta gravemente censurada por el Derecho Internacional Humanitario (artículo 77.2 del protocolo I de Ginebra de 1977 y artículo 4.3c del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra) como por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 2000 –aprobado mediante Ley 833 de 2003- y a su vez por el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 -aprobado mediante Ley 742 de 2002-.
9. Las Fuerzas Militares tienen como eje central proteger a la población civil, los recursos naturales, la soberanía, la integridad territorial y la independencia con el fin de contribuir a la paz y estabilidad del territorio frente a las amenazas que puedan afectar a los colombianos.
